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Novedades destacadas Ley 39/2015

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novedades Ley 39-2015


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La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entrará en vigor el 2 de octubre del presente año.

Esta nueva Ley deroga, entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y el RD 772/1999, de 7 de mayo.

Entre las novedades que podemos destacar de la nueva Ley 39/2015 encontramos las siguientes:

  1. La Regulación de los derechos y garantías mínimas de todos los ciudadanos respecto a la actividad administrativa, tanto el lo que se refiere a la potestad de autotutela como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.
  2. Se regula por primera vez en una ley de bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizando de modo adecuado la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas.
  3. Sistematización de toda la regulación del procedimiento administrativo, clarificando e integrando el contenido de la Ley 30/1992 y de la Ley 11/2007.
  4. En materia de representación de los ciudadanos interesados, incluye medios para acreditarla en el ámbito de la Administración, como por ejemplo, a través de la figura del apoderamiento “apud acta”, ya sea presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública, por lo que es de obligado cumplimiento que cada Administración cuente con un registro electrónico de apoderamiento.
  5. Esclarece la separación entre identificación y firma electrónica, simplificando los medios para acreditar una u otra.
  6. La obligación por parte de la Administración de contar con un registro electrónico general, o en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado.
  7. La creación por parte de la Administración, de un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a los procedimientos administrativos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que pueda garantizar su autenticidad, integración y conservación de los documentos.
  8. En cuanto a los plazos administrativos, incorpora el cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando el cómputo de plazos administrativo con el judicial.
  9. Establece la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, con un plazo máximo de resolución de 30 días (sin perjuicio de acordar la posibilidad del tramitarlo de urgencia).
  10. Se suprimen las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a su escasa utilidad práctica.
  11. Se incrementa la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas, destacando, entre otras, con carácter previo, la recogida de la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación.
  12. La apuesta por una mejora de la planificación normativa a través de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación al año siguiente, así como la obligación de evaluación anual de las normas que se encuentran en vigor.

Además, a través de la Ley 39/2015 se fomenta el uso de la Administración electrónica por parte de la ciudadanía, facilitándoles trámites  con el correspondiente ahorro en tiempo y papel que ello conlleva.