Jun 11

Los “CPV” en la contratación pública: consideraciones generales

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La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary – Vocabulario Común de Contratación Pública), resulta ser un sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea. Un concepto similar, serían las categoría CNAE del estado Español, que aunque no aplican a licitaciones, es una forma de catalogar todas las actividades económicas.

La principal función de un código CPV, es la posibilidad de identificar licitaciones y adjudicaciones en cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de traducciones que, a veces, pueden resultar imprecisas.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (a partir de ahora, LCSP), en vigor desde el pasado 9 de marzo de 2018, establece expresamente, en su artículo 2, párrafo 4:

“A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados en esta Ley, se utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) n.o 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya”.

Asimismo, el indicado referido Reglamento Comunitario, en su artículo 1, vislumbra:

“1. Se aprueba un sistema de clasificación único aplicable a los contratos públicos denominado Vocabulario común de contratos públicos (CPV).

2. El texto del CPV figura en el anexo I”.

Igualmente, artículo 2 de la señalada norma comunitaria, que establece:

“La Comisión adoptará las disposiciones necesarias para la revisión del PVC. Estas medidas, destinadas a modificar los elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 3, apartado 2. Por imperiosas razones de urgencia, la Comisión podrá aplicar el procedimiento de urgencia mencionado en el artículo 3, apartado 3”.

También, artículo 92, párrafo 2º LCSP:

“(…).
A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario «Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato”.

A mayor abundamiento, conviene apuntar que, de acuerdo con el Manual del Vocabulario Común de Contratos Públicos publicado por la Comisión Europea, son las entidades adjudicadoras las responsables de buscar el código que responda a sus necesidades con la mayor precisión posible, pudiéndose utilizar más de un código en los formularios normalizados destinados a la publicación de los anuncios de contratos públicos.

De lo normativa transcrita, se concluye claramente:

(i) Que la clasificación CPV, se encuentra establecida por normativa comunitaria que, a su vez, es utilizada por la legislación española para identificar las prestaciones que son objeto de contratación pública.

(ii) Que, en el anuncio de licitación, invitación a participar en el procedimiento de licitación o en los Pliegos rectores de esta última, deberá de aparecer el código o códigos CPV del contrato que se licita.

Por último, resulta de interés apuntar que, en ciertas ocasiones, asignar un único CPV, no cubriría con claridad el objeto del contrato, por lo que entiendo que no existe el más mínimo reparo, si el Órgano de Contratación en cuestión, previa la justificación oportuna, señala varios Códigos que puedan comprender el objeto contractual.