Nov 29

La cesión de créditos en derecho administrativo

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En aplicación de la normativa en materia de contratación pública, cuando una persona física o jurídica tiene un crédito contra una Administración Publica y lo cede a un tercero, simplemente bastará la comunicación fehaciente de dicha cesión a ésta última.

Una vez cursada dicha comunicación, la Administración tendrá que proceder sin más (y sin discutir en modo alguno la cesión) a ejecutar y abonar la deuda en cuestión para con el cesionario.

En este sentido, se pronuncia, entre otras, la Circular conjunta de 22 de junio de 2016 de la Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado., en cuyo folio 11, párrafos primero y segundo, se puede leer expresamente:

En realidad, la posición de la Administración ante la cesión del derecho de crédito que el contratista ostenta frente a ella es una posición pasiva en el sentido de que, una vez notificado el acuerdo el acuerdo de cesión a la Administración, ésta no tiene otra alternativa que la de efectuar el pago al cesionario (“Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido al cesionario: artículo 218.4 del TRLCSP; regla que igualmente establecía el artículo 145, párrafo segundo, del derogado RGCE)”.

En la misma dirección, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1981 declara que: “evidentemente, la Administración no puede utilizar sus facultades para para tomar razón de la transmisión de un crédito contra ella –transmisión que, por definición conoce- para, no realizándola, impedir su efectividad”.

Abundando aún más sobre la cuestión, imaginemos por un momento, que la parte cedente del crédito tiene deudas para con la Administración deudora. ¿Sería posible que se compensasen tales deudas con dicho crédito una vez que éste ha sido cedido?.

La respuesta es negativa, siempre y cuando la Administración, por medio de su hacienda, no haya comunicado a la cedente ningún embargo, o haya procedido a su compensación, en cualquiera de los dos supuestos, con carácter previo a la cesión. 

Vayamos por partes.

A efectos estrictamente tributarios, el artículo 58 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, establece que:

Cuando un deudor a la Hacienda pública no comprendido en el artículo anterior sea, a su vez, acreedor de aquella por un crédito reconocido, una vez transcurrido el periodo voluntario, se compensará de oficio la deuda y los recargos del periodo ejecutivo que procedan con el crédito.

Del literal del artículo, se desprende que cuando un deudor de la Hacienda Pública es también acreedor de la misma, se podrá compensar de oficio la deuda (una vez se encuentre en periodo ejecutivo) con el crédito (cuando el mismo se pueda calificar como vencido, líquido y exigible).

No obstante, en caso de cesión de crédito, a mi juicio, ello no podrá ocurrir, si la Administración deuda no ha comunicado al cedente ningún embargo, ni tampoco ha procedido a su compensación, en cualquiera de los dos supuestos, con carácter previo a la cesión.

Avala dicho posicionamiento, entre otros, el Informe 3/2012, de 3 de octubre de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, -Dirección General de Patrimonio Comisión Consultiva de Contratación Pública-, que dispone al respecto en un supuesto similar al que analizamos:

Ahora bien, si la certificación de obra es objeto de endoso y con posterioridad a la cesión del crédito, notificada de forma fehaciente a la Administración contratante, se reciben comunicaciones de embargos para los supuestos excepcionados de inembargabilidad, no procedería trabar embargo sobre la certificación transmitida, ya que el acreedor de ésta no es el contratista cedente sino el cesionario, es decir, los embargos ordenados y comunicados con posterioridad a la fecha de notificación fehaciente del acuerdo de la cesión no podrán afectar a la certificación de obra o al título documental que reconozcan un derecho de cobro al contratista pero que ha sido cedido, pues tal derecho ya no forma parte de su patrimonio”.

En la conclusión tercera del meritado Informe, se resume la cuestión:

Los embargos ordenados y comunicados con posterioridad a la fecha de notificación fehaciente del acuerdo de la cesión no podrán afectar a la certificación de obra que reconozca un derecho de cobro al contratista pero que ha sido cedido, pues tal derecho ya no forma parte de su patrimonio”.

En el mismo sentido y dirección, nos ilustra el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su sentencia núm. 566/2008, de 28 noviembre (JUR 2009\241399).