Jul 6

¿Cuándo y por qué surge la derivación de responsabilidad tributaria por cese en la actividad?. Formas de evitar dicha Institución.

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Se precisa de la concurrencia de los siguientes requisitos para que pueda operar la responsabilidad prevista en el párrafo b del apartado 1 del artículo 43 de la repetida Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

1º.-Existencia de obligaciones pendientes a cargo de una persona jurídica.

2º.-Cese en el ejercicio de la actividad empresarial que la sociedad venía desarrollando.

3º.-Concurrencia de la condición de administrador en aquellas personas a las que se deriva responsabilidad.

4º.-Incumplimiento por parte de los administradores de la sociedad de las obligaciones que les impone la normativa mercantil en el momento de la extinción.

5º.-Que el deudor principal haya sido declarado fallido.

En consecuencia, tras la oportuna declaración de fallido, sin margen ni asomo a la duda, la Administración Tributaria podrá dirigirse contra el patrimonio personal de los que en su día fueron administradores de la sociedad.

La única posibilidad de poder eludir tal responsabilidad, pasa porque los administradores de la mercantil cumplan con las obligaciones que les impone la normativa mercantil en el momento de la extinción.

Nos explicamos con mayor grado de detalle.

Como constantemente señala la Administración Tributaria en los acuerdos de derivación de responsabilidad que notifica, la señalada responsabilidad, que se halla prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no es objetiva.

No cabe exigir esta responsabilidad a un administrador que haya actuado diligentemente. Es necesario que se haya producido por parte del administrador de la sociedad una omisión en la diligencia precisa para llevar a efecto la disolución y liquidación de aquella, realizando así las actuaciones necesarias para poder afrontar el pago, por cuánto una sociedad que ha cesado en sus actividades, sólo a través de un ordenado procedimiento de disolución y liquidación podrá realizar los actos necesarios para el pago de las obligaciones tributarias devengadas y pendientes de ingreso.

La conducta reprochable al administrador consiste en el conocimiento por su parte de la existencia de una serie de deudas pendientes con la Hacienda Pública, sin que adopte las medidas necesarias para que, una vez que la sociedad cesa en el ejercicio de su actividad de manera definitiva, queden asegurados los derechos de los acreedores sociales, entre los que se encuentra naturalmente la Hacienda Pública.

De esta manera, tal “modus operandi”, caracterizado por la pasividad en el administrador/es de la sociedad, se torna como un elemento subjetivo susceptible de calificarse, por lo menos, de “culpa in vigilando” en los términos en que dicha circunstancia viene descrita en el artículo 1903 del Código Civil cuando establece que “la obligación de reparar el daño causado a otro como consecuencia de una acción y omisión culposa o negligente: (…) es exigible no sólo por actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder”.

Es decir, lo que nuestro Ordenamiento Jurídico no acepta, suele esgrimir la Administración Tributaria: “es que una sociedad en crisis se mantenga indefinidamente en dicha situación o, lo que es lo mismo, que se perpetúe un estado de inactividad material amparado en una apariencia formal de funcionamiento”.

Por ello, la diligencia exigible al administrador de una sociedad que se encuentra en dicha coyuntura, se concreta en dos líneas de actuación:

• Bien promover la disolución de la entidad en los términos expuestos;

• O bien promover un procedimiento concursal para que, de este modo, se respeten los derechos de los acreedores para hacer efectivo su crédito con el patrimonio que, en ese momento, configura el activo de la sociedad.

Así las cosas, haciendo uso de cualquiera de las dos alternativas expuestas, podríamos eludir una posible derivación de responsabilidad girada por parte de la Administración Tributaria actuante.

En su defecto, en caso de hallarnos ante un expediente de derivación de responsabilidad tributaria, las posibilidades de defensa resultan ser muy limitadas aunque en la inmensa mayoría de ocasiones, se pueden encontrar fisuras que hagan minorar la deuda exigida por la Administración.



  • Daniel Agüera Fernández

    Interesante artículo Antonio. Sólo tratas la responsabilidad por cese de actividad, existiendo otros supuestos variopintos en los que no se haya echado el cerrojazo, pero es un artículo muy claro y bien explicado. Enhorabuena por tu magnífico blog.

    • administrativando

      Querido Daniel, gracias por tu magnífica aportación e interés. Llevas razón cuando comentas la existencia de “otros supuestos variopintos”, por lo que he acotado algo más el título al caso específico que trato. En otra ocasión, me ocuparé del resto de supuestos. Muchas gracias también, por tus consideraciones positivas al blog. Sin duda, tales apreciaciones, viniendo de un profesional tan cualificado como tú, me dan fuerza para seguir escribiendo y trabajando en el impulso de este espacio. Un fuerte abrazo.