Sep 26

Motivación de un acto administrativo

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Un acto o decisión administrativa se considera que cumple los cánones necesarios de motivación, cuando se exponen las razones que han llevado a la Administración a tomar la decisión de que se trata, permitiendo con ello que el administrado pueda rebatirlos y el Tribunal de Justicia en cuestión revisar tales alegatos. 

Buena prueba de ello, Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 4 Abr. 2012, Rec. 3406/2010, que establece:

«(…) TERCERO.-(…)

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2001 , a la finalidad de que el interesado pueda conocer con exactitud y precisión el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión.

Todo ello, sin perjuicio de la lógica discrepancia de quien obtiene una resolución desfavorable a sus intereses, lo que no constituye falta de motivación porque su derecho no alcanza a la concesión de lo pedido, ya que nadie tiene derecho a que le den la razón, sino a que la decisión que se le brinda ofrezca la explicación necesaria para que el administrado pueda conocer con exactitud y precisión el contenido del acto.

En el supuesto de autos, en la reunión de 22 de julio de 2008 de la mesa de contratación, se comunicó el ejercicio por la demandante del “derecho de preferencia sobre el servicio” añadiendo “que, al amparo de la legislación vigente, no será tenido en cuenta”, sin que en la adjudicación se dijera nada al respecto. Pero esta escueta explicación no impide que se tengan en cuenta otros elementos que resultan de las propias actuaciones, en concreto, con el informe emitido por el Servicio Jurídico del Estado, en respuesta a una consulta formulada en relación con un oficio remitido por la Consejería de Política Territorial de la Junta de Galicia en relación, precisamente, con el derecho de preferencia ejercitado por la actora. En dicho informe se responde que “lo que no parece ofrecer ninguna duda es que, en cualquier caso, tal disposición es inaplicable a licitaciones convocadas por la Administración general del Estado”, añadiendo que “el derecho de preferencia para los citados servicios regulares de uso especial de transportes de viajeros, quedó sin efecto como consecuencia del Real Decreto 1.211/90, de 28 de septiembre (LA LEY 2629/1990), modificado por el 1.225/2006, de 12 de octubre”, y que “por su propia naturaleza, los derechos de preferencia sólo se articulan en los casos de igualdad de condiciones, circunstancia que no concurre en el concurso convocado y antes referido”. Informe al que, además, se alude en la propia demanda.

Conjugando todo ello, cabe llegar a la conclusión de que la recurrente conoce las razones jurídicas de la exclusión del derecho de preferencia de forma suficiente para la defensa de sus derechos e intereses, siendo factible igualmente la labor de control judicial, sin perjuicio de que aquella parte discrepe de esas razones, como así ha hecho, planteando la cuestión de fondo que a continuación ha de abordarse“.

En el mismo sentido y dirección, Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 31 May. 2012, Rec. 621/2011:

“(…).

Por otro lado, igualmente es jurisprudencia reiterada que el requisito de la motivación de los actos administrativos, no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, pues basta con la expresión de las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión, facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa (Sentencias de 28 de junio de 2010, RC 3821/2006 , 9 de julio de 2010, RC 1/2008 , 8 de octubre de 2010, RC 5/2008 , 11 de febrero de 2011, RCA 161/2009 , 31 de marzo de 2011, RCA 29/2010 , y 23 de noviembre de 2011, RC 3638/2009 , por citar algunas de las más recientes)”.